Por José Brechner
A partir del próximo mes de Octubre, los judíos sefardíes o sefarditas y sus descendientes, tendrán derecho a reclamar la ciudadanía española que les fue extirpada durante la inquisición. La ley fue propuesta en el Congreso de los Diputados en Noviembre de 2012; aprobada por el gabinete en Febrero de 2014 y finalmente votada a favor en Junio 11 de 2015.
Inicialmente, el gobierno español editó una lista de más de 500 apellidos ibéricos que son judíos de origen, confundiendo y alentando a muchos, que creyeron que bastaba con decir que su nombre es Pérez para que les otorguen el pasaporte europeo.
Los legisladores en Madrid analizaron el tema y aclararon que solamente podrían reclamar la doble ciudadanía aquellos sefarditas que practican el judaísmo o están vinculados a alguna institución judía y podían demostrarlo. La cosa tiene sentido. Los apellidos fueron desestimados pues el mundo está plagado de ellos y los de muchos sefardíes cambiaron o se modificaron.
Ocurrió que con la aprobación aparentemente definitiva de la nueva ley, que sólo tiene validez por tres años, aumentaron las restricciones anteriores y editaron un documento que impone requisitos, que a muchos les quita las ganas de reclamar sus derechos. El pliego es ensortijado como un folio medieval. La ley no sólo ahuyenta a aquellos que pretenden hacerse pasar por judíos, sino a los judíos mismos.
Existen alrededor de 3,5 millones de sefardíes (Sefarad significa España en hebreo, de ahí el derivativo). Aunque los solicitantes no deben ser judíos observantes, las normas exigen que prueben que son de descendencia española con una “unión especial” al país. Eso significa documentos; nombres de ancestros; idiomas hablados en el hogar (ladino, un español medieval semejante al del Mío Cid, o haquitía, una mezcla de hebreo, español y árabe judío-marroquí).
Aquel que solicita la condición sefardita debe validar su intención con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, con sede en Madrid. Quien vive en el exterior puede hacerlo con las autoridades rabínicas o judías del lugar, más debe ser convalidado por la FCJE.
Los peticionarios deben proveer documentos que verifiquen su incorporación a una comunidad hebrea o entidad religiosa judía; papeles que comprueban la identidad de los representantes de dicha organización; y por último, hay que presentar un expediente que confirma la legalidad de la institución religiosa en su país.
Una vez que el interesado ha cumplido con esos requerimientos, debe probar su conexión especial con la Madre Patria, para lo cual debe pasar por un examen de español, más un test que demuestre su conocimiento de la Constitución de España, su cultura y sociedad. Esta porción del trámite debe hacerse en España en el Instituto Cervantes o en alguna de sus filiales en el mundo.
Todos los documentos deben ser transferidos a formato digital y enviados al Ministerio de Justicia español, junto a los papeles personales (título de matrimonio, certificado de nacimiento, antecedentes policiales, etc.) autenticados por un notario. El Ministerio tiene un año para aprobar o negar la solicitud.
Aquellos beneficiados con la preciada ciudadanía, deberán jurar lealtad al rey de España y a su constitución política.
El costo del trámite está estimado en alrededor de US$6.000. Además hay que tomar en cuenta los gastos de viajes para tomar los exámenes y no hay que minimizar el tiempo que demoran las torturas administrativas.
Estudiando las normas exigidas, que intentan desalentar a la mayoría, pero tomando en cuenta a Sudamérica donde la burocracia es cotidiana, pesada, incompetente e insufrible, el papeleo es uno más en la lista. Lo que incomoda del proceso es su elevado costo, los viajes para rendir exámenes y la incertidumbre de la larga espera.
El pasaporte español para los sefarditas latinoamericanos es un salvavidas, pues con limitadas excepciones, los escollos para obtener visas para entrar a cualquier país del primer mundo son denigrantes.
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